La Asociación de Internautas (AI) denunció hoy ante el Servicio de Defensa de la Competencia el acuerdo suscrito por distintas entidades de gestión de derechos de autor y Asimelec para la imposición de un canon sobre los soportes digitales vírgenes en concepto de remuneración por copia privada.



La denuncia de la AI ante el órgano dependiente del Ministerio de Economía argumenta que el acuerdo suscrito entre las partes citadas el 30 de julio del año pasado introdujo una alteración "muy grave en las reglas de la competencia que rigen en una economía de mercado", pues su consecuencia es, "en definitiva", incrementar los precios.

El canon sobre los soportes digitales vírgenes está en vigor desde el pasado 1 de septiembre, según la Asociación de Internautas de forma "arbitraria e ilegal", ya que se impuso injustificadamente "sin atender al uso o finalidad" de los soportes, como si los mismos "fueran a ser destinados a realizar copias privadas de contenidos sujetos a derechos de autor" exclusivamente.

En cambio, su aplicación supone --para la AI-- un "claro perjuicio" para quienes hacen otros usos de los discos vírgenes, caso de usuarios, empresas, administraciones y organismos pero, especialmente, del sector informático y del 'software', pese a que los programas de ordenador están excluidos legalmente del sistema de la remuneración compensatoria o canon por copia privada.

En este sentido, el presidente de la asociación, Víctor Domingo, aseguró aque esta aplicación indiscriminada beneficia exclusivamente a las empresas integrantes de Asimelec y las entidades gestoras de derechos de autor, "que se lucran con el esfuerzo y trabajo de empresas ajenas".

Por otra parte, la denuncia alude a la ausencia de fundamento legal de imponer una remuneración compensatoria por copia privada cuando los autores y editores "comercializan sus productos con mecanismos informáticos dirigidos específicamente a impedir la copia privada".

Así, Domingo destacó que el canon "se revela como un sistema de obtener pingües beneficios" para los firmantes del acuerdo y "criminalizando a la generalidad de los usuarios de tales soportes". También reclamó a los partidos políticos que se posicionen en este y otros asuntos relacionados con las Nuevas Tecnologías, como la falta de un estándar de calidad en el acceso a Internet o la rebaja de los precios del ADSL..