El Pleno del Congreso rechazó, con los votos de Partido Popular (PP), Convergencia i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC), la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Socialista al proyecto de Ley de Firma Electrónica.


Por: Agencias

El texto, que superó así el primer trámite parlamentario, seguirá su tramitación tras el verano, con el objetivo de convertirse en Ley antes de que concluya la legislatura.

Una vez aprobada, la norma sustituirá al Real Decreto-Ley 14/1999, y servirá también para adaptar a la legislación nacional la directiva comunitaria 1999/93/CE, aprobada en diciembre de ese mismo año, tres meses más tarde que el decreto que regula actualmente en España la firma electrónica.

Precisamente esa falta de adecuación completa a la normativa europea --por el hecho de ser anterior-- y los casi cuatro años transcurridos desde la ratificación del decreto por la Cámara Baja --su posterior tramitación como proyecto de Ley para someterlo a consulta pública y debate parlamentario decayó al disolverse las Cámaras en marzo de 2000-- fueron las principales críticas de PSOE e Izquierda Unida (IU), las únicas formaciones que apoyaron la petición de devolución del texto al Gobierno.

Para la portavoz socialista, Francisca Pleguezuelos, el proyecto de Ley "mejora el Real Decreto", pero en vez de ser "imparcial, justo y no favorecer a ningún colectivo" peca de "incompleto, ineficaz, injusto, intervencionista y no cubre todas las garantías" a que tienen derecho los ciudadanos.

Según el PSOE, el decreto en vigor fue aprobado en su momento "con inusitada celeridad" y de una forma "escasamente meditada", lo que sirvió --afirmó Pleguezuelos-- para eliminar algunos aspectos que sí incluye la directiva, introduciendo intervencionismo del Gobierno y "sembrando bastante confusión" respecto a la firma electrónica.

De hecho, los socialistas afirman que desde 1999 la rúbrica digital ha tenido un "escaso impacto" en el desarrollo ciudadano y ha creado un desequilibrio en el mercado de los certificados, beneficiando sobre todo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) como principal proveedor de servicios de certificación (PSC) e incumpliendo el principio de libre competencia en este sector establecido en la directiva.

Pleguezuelos también reclamó la devolución del proyecto de Ley por considerar que "olvida a los ciudadanos", al no garantizar un derecho "pleno y operativo" al uso de cualquier tipo de firma electrónica reconocida en el futuro, y no sólo para el DNI electrónico. "Se trata de que no se pueda discriminar ni coartar a nadie el derecho a su uso", añadió.

Por su parte, la portavoz de IU, Presentación Urán, recriminó al ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, que el proyecto de Ley no recoja claramente las medidas exigibles para garantizar la protección de los datos personales que se habrá de facilitar a los PSC, así como las garantías tecnológicas que tendrán que adoptar estos en el desarrollo de su actividad.

En su defensa del texto salido del Consejo de Ministro el pasado 6 de junio, Piqué recordó los dos periodos de consulta pública a que fue sometido el proyecto de Ley --entre enero y febrero del año pasado, y otro en el segundo semestre de 2002--, así como las sesenta aportaciones recibidas desde empresas del sector y organizaciones de consumidores y usuarios.

Para el titular de Ciencia y Tecnología, el decreto en vigor, además de convertir a España en pionera en la normativa europea en esta materia, ha alcanzado "razonablemente" sus objetivos, citando los 550.000 certificados digitales activos (la gran mayoría de la FNMT) o los casi 1,8 millones de declaraciones de la Renta presentadas este año a través de Internet --para lo que se requiere la firma electrónica--.

Asismismo, destacó que el proyecto elimina el registro de PSC, sustituyéndolo por un régimen más estricto de sanciones y responsabilidades; incorpora la obligación de crear un sitio de consulta pública de los certificados activos, define la firma electrónica reconocida, con garantía de no repudio, e incluye las garantías técnicas exigibles a los certificadores.

Por último, el portavoz del PP, Juan Manuel Moreno, alabó la claridad expositiva y "didáctica" empleada por el ministro en la exposición del proyecto de Ley, al que calificó como "de lo más vanguardista desde el punto de vista jurídico", "complejo" y "ambicioso"..