Los delitos informáticos a través de Internet (pirateo de ordenadores, obstaculización del tráfico de correo electrónico, difusión de virus y otros programas concebidos para facilitar la intrusión en ordenadores remotos), va a ser objeto de una normativa común a toda la Europa comunitaria.

Atendiendo a exigencias de la cumbre de Tampere, la Comisión Europea presentó a los Estados miembros un proyecto de Decisión marco, sobre la que Bruselas quiere asentar la armonización del Derecho de los Quince en la materia, incluido el tratamiento penal a que haya lugar.
Las penas que la Comisión contempla para este género de delitos oscilan, como mínimo, entre uno y cuatro años de prisión firme.

Los actos penados serán el acceso o la interferencia ilícita de sistemas de información. Si, además, media el concurso de una organización criminal en la comisión del delito, el afectado por el ataque sufre una pérdida económica importante, o daños físicos, o una infraestructura crítica de un Estado miembro se ve comprometida por la acción, así como si el pirata informático obtiene un lucro ilegítimo importante, los jueces considerarán la existencia de agravantes objetivos, que multiplicarán la importancia de la pena.

Las penas máximas mínimas de uno a cuatro años de prisión, sugeridas por la Comisión, no implican que los Estados miembros apliquen sanciones más duras. Lo que Bruselas pretende es lograr una armonización de mínimos, y que sean los respectivos sistemas jurídicos nacionales los que establezcan niveles superiores de castigo, si procede.

La propuesta comunitaria, que presentaron al unísono los comisarios Liikanen y Vitorino, tendrá que ser considerada por los Estados miembros. El objetivo de Vitorino, que defenderá esta semana la propuesta ante los ministros de Justicia e Interior, es lograr que la normativa entre en vigor el 31 de diciembre del año que viene.