Segundo asalto de Mr. Sarkozy contra lo que él y su señora consideran piratas. El Senado francés ha aprobado la segunda ley que pretende regular las descargas a través de redes P2P.
La han bautizado como ley de “Creación e Internet” pero el vulgo la conoce como Hadopi 2. Después de que el Constitucional echara por tierra la primera ley Hadopi, el gobierno Sarkozy ha realizado una enmienda que excluye, ahora así, la posibilidad de cortar Internet sin una orden judicial. Por desgracia, la ley sigue siendo dura y pasa por alto un principio fundamental que tiene que ver con la libertad de acceso a la información.
El proyecto de ley ha sido aprobado por 189 votos a favor y 142 en contra. El próximo 21 de julio tendrá que pasar por el filtro definitivo de la Asamblea Nacional, donde se decidirá la conveniencia o no de la nueva legislación. En cualquier caso, los conservadores han introducido una enmienda en la antigua ley que obligará a las personas sospechosas de haber descargado archivos a comparecer ante las Autoridades con derecho a un abogado. Si la justicia finalmente lo declara culpable, podría enfrentarse a multas de entre 1.500 y 3.750 euros.
Si en el peor de los casos, el acusado es tachado de “falsificador”, el sujeto en cuestión tendría que abonar un máximo de 300.000 euros, pagar con dos años de prisión y lo que es más ridículo, ver suspendida su conexión a Internet durante un máximo de un año. En este sentido, las primeras comparecencias ante la Autoridad serían el paso posterior al primer aviso a través de e-mail y al segundo por carta certificada.
Otro problema que contempla esta ley tiene que ver con el uso que terceros puedan hacer de tu conexión a Internet. En este sentido, la ley recomienda crear un sistema de claves de acceso a distintas páginas, con el fin de evitar disgustos causados por el típico amigo que se cuela en tu ordenador para descargar el tema de su vida. Que tampoco es cuestión de ir rompiendo amistades.
Si el juez decide finalmente ejecutar una orden para cortar el acceso a Internet, el proveedor dispondrá de quince días hábiles para dar el tijeretazo. Pero esto no es todo, amigos. Si al culpable de todo este enredo se le ocurre acudir a otra compañía para contratar un segundo servicio de ADSL, podrá recibir en su buzón una multa de 3.750 euros. Por eso en la misma reforma de ley se solicita que los operadores informen a sus clientes de cómo está el patio. Y el patio está que arde.
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