La 'piratería' musical en España se tradujo el pasado año en 17 millones de discos vendidos en los 'top manta' y en 200 millones de archivos descargados de modo ilegal de Internet, según datos de la memoria anual de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
La adquisición ilícita de música provocó que los autores dejaran de ingresar 10 millones de euros en concepto de derechos y la industria discográfica vio reducida su facturación en 150 millones de euros.
La lucha contra las mafias dedicadas a la venta callejera, que se tradujo en el desmantelamiento de 2.500 duplicadores, permitió que las pérdidas fueran inferiores a las del ejercicio precedente, cuando se situaron en 200 millones de euros.
Sin embargo, el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista, afirmó que el problema de la piratería sigue siendo grave, sobre todo en la venta callejera, lo que unido a la "incertidumbre" existente sobre el estado de la compra legal de música en la Red, impidió que el año pasado fuera mejor para los sectores culturales vinculados a la sociedad y sólo pudiera tildarse de "razonablemente bueno".
Y ello gracias a un incremento en los ingresos totales, que ascendieron a 268,7 millones de euros, 5,2 puntos por encima de los de 2002, lo que permitió a SGAE repartir entre sus socios 262.465 millones de euros, seis puntos porcentuales más que en el ejercicio anterior.
Lo que 'debería haberse vendido'
Esta entidad de gestión de derechos calcula que en España deberían venderse unos 150 millones de discos al año para acercarse a la media europea de 4 unidades por habitante. Ahora, los españoles compran cerca de la mitad, 64 millones de unidades, unos 2 por persona y año.
Con vistas a los compromisos culturales del PSOE, Bautista afirmó que el programa electoral del partido del futuro Gobierno era "claramente respetuoso" con los derechos de los autores, si bien el PP también hizo promesas similares.
No obstante, el responsable de la SGAE recordó que los socialistas aprobaron en 1987 una Ley de Propiedad Intelectual que salió con un amplio consenso, que ahora debería buscarse en un nuevo marco normativo.
Fuente: ElMundo
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