El gobierno de Estados Unidos admite que las cifras de piratería son inventos
Esto es algo que todos sospechábamos pero que nadie realmente decía en voz alta (menos aún los gobiernos): los estudios de piratería que dicen que se han perdido miles de empleos y billones de dólares de la economía por culpa de esta práctica son simplemente inventos.
El gobierno de Estados Unidos publicó ayer un informe, en el que examinó estos estudios y concluyó que “es difícil, si no imposible cuantificar los impactos (de la piratería) en la economía global” – contrario a lo que han afirmado distintas industrias y sectores (algunos ejemplos aquí y aquí).
Los estudios que se enfocan en industrias específicas (como la música o el cine, por ejemplo) tampoco tienen suerte.
La naturaleza ilícita de la falsificación y piratería hace que estimar el impacto económico de infracciones a la propiedad intelectual sea extremadamente difícil”, señala el documento. Además, el valor en dinero que se le asigna a lo que supuestamente se perdió por esta actividad son “suposiciones… que pueden tener gran impacto en los resultados estimados”.
El organismo de gobierno responsable del rendimiento de cuentas (Government Accountability Office o GAO) descartó también a tres informes particulares que se suelen citar en distintas partes y que se dice que están respaldados por el gobierno. La GAO afirmó simple y llanamente que los tres son falsos.
El primero es una estimación del FBI que decía que se perdían hasta US$250.000 millones al año, información que la GAO dijo que “estaba en un comunicado de prensa de 2002 del FBI, pero los agentes de la entidad nos han asegurado que no hay estudios de datos de ese tipo o de la metodología utilizada para generar esa estimación, que no puede ser corroborada”.
El segundo es una estimación aparecida en 2002 en un comunicado de prensa de la oficina de Aduanas, que estimaba que la piratería generaba pérdidas por US$200.000 millones y 750.000 empleos, diciendo que estas cifras “no tienen un origen claro” y que “no siguen siendo utilizadas por la oficina”.
Por último el tercero es un informe de la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos que aseguraba que las pérdidas para la industria de partes para automóviles alcanzaba los US$3.000 millones debido a bienes falsificados según datos atribuídos a la Federal Trade Commission (FTC, organismo que regula el comercio). La GAO indicó que “cuando contactamos a los funcionarios de la FTC para corroborar la estimación, fueron incapaces de encontrar algún registro o fuente de esta estimación en sus informes o archivos, y no podían recordar que la agencia alguna vez haya desarrollado o utilizado tal estimación”.
La GAO desmintió además informes elaborados por la Business Software Alliance (BSA) y la MPAA, destacando que se trata de suposiciones que – nuevamente – carecen de metodología clara.
¿Por qué EE.UU. ordenó este estudio?
Detrás de este estudio gubernamental está el acta llamada PRO-IP, que busca fortalecer la propiedad intelectual (IP) en Estados Unidos y que creó una figura de un “zar del copyright” (o Coordinador del Fortalecimiento de la Propiedad Intelectual) dentro de la Casa Blanca. En este cargo fue nombrada Victoria Espinel, quien tiene como responsabilidad (entre otros) recopilar datos respecto a la piratería y falsificación para poder tomar medidas al respecto. Este estudio es parte de este proceso de recopilación, aunque ciertamente la información que revela no pinta nada bien para la alarma que habían generado hasta ahora las industrias con sus estimaciones.
Organizaciones como la RIAA, MPAA y otros le habían solicitado a Espinel enfocarse especialmente en la piratería por internet para evitar el “robo de propiedad intelectual”, aunque en este momento no existe ningún dato confiable respecto a las dimensiones que tiene el problema realmente.
Espinel también solicitó a organizaciones como la RIAA los estudios y metodologías que respaldaban sus reclamos, y resulta que todos los estudios que ellos tenían apuntaban básicamente a tres encuestas que habían sido hechas por una sola persona, llamada Stephen Siwek del Instituto para la Innovación de Políticas. La GAO revisó los trabajos de Siwek, y concluyó que “la mayoría de los expertos que consultamos” sobre el trabajo de este sujeto no apoyaban su metodología.
Algunas cosas que no se consideraron en los estudios de Siwek, por ejemplo, son que los bienes piratas dejan disponible más dinero a los consumidores, el que es luego gastado en otras partes de la economía (por lo que las pérdidas no son tales, sino que el dinero se redistribuye en otras áreas).
¿Significa esto que la piratería no existe? Pues no, el problema sigue existiendo. La GAO afirma que el problema es “considerable” pero indica también que se han utilizado muchos malos datos, agregando que hay expertos que han asegurado que hay “efectos positivos (de la piratería) en la economía, que deberían ser reconocidos también“.
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