El Senado aprueba varias enmiendas en el proyecto de Ley de Firma Electrónica para...
... adecuarse mejor a la LOPD.
La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta aprobó el texto del proyecto de Ley de Firma Electrónica que remitirá a finales de mes al Pleno del Senado para su debate definitivo antes de ser trasladado al Congreso de los Diputados.
Por: Agencias
Hasta tres portavoces del Partido Popular defendieron las ocho enmiendas de su grupo, expresaron su rechazo a la propuesta de veto del PSOE y declinaron transar ninguna de las 116 enmiendas presentadas por los senadores socialistas y vascos, aunque aseguraron que seguirán estudiando "de forma rigurosa" sus propuestas con vistas al debate en el Pleno. "De momento no aprobamos ninguna, pero a lo mejor alcanzamos algún tipo de acuerdo en el Pleno", señaló la senadora 'popular' Mercedes Coloma.
De este modo, a las ocho enmiendas incorporadas el pasado 22 de octubre al informe de la ponencia --que sí afectan a aspectos sustanciales para el desarrollo de la Sociedad de la Información--, se suman ahora las otras ocho que había presentado el PP, la mayoría referentes a conseguir una mejor adecuación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y a salvaguardar los datos de carácter personal.
El grupo socialista había insistido, al igual que lo hizo en la Cámara Baja, en que el texto debía distinguir entre el solicitante del certificado, el sucriptor y el firmante, pero el PP consideró, de nuevo, que este cambio introduciría una "mayor inseguridad jurídica".
El senador del PSOE Félix Lavilla ofreció varias enmiendas transaccionales con el fin de "ser prácticos y mejorar el texto", que se referían, entre otros asuntos, a la identificación de los 'e-mails' publicitarios, las modificaciones introducidas por determinados programas en los ordenadores cuando se navega por Internet y la necesidad de separar los datos de navegación de los personales.
Todas ellas fueron rechazadas de forma genérica por el PP, y tanto PSOE como PNV terminaron por acusar al partido que sustenta al Gobierno de presentar enmiendas "a última hora y muy parecidas" a las presentadas por sus propios grupos parlamentarios.
El portavoz del PNV, Xabier Albistur, acusó al PP de no haberse leído sus enmiendas, puesto que argumentó que, en caso contrario, habría aceptado la modificación de la disposición adicional tercera para recoger las competencias fiscales de País Vasco y Navarra. "No aceptar la enmienda 61 indica el talante de actuación del Partido Popular", espetó.
Los portavoces del PP argumentaron que las enmiendas presentadas por PSOE y PNV --CiU y Entesa Catalana del Progrès justificaron su ausencia por tratarse del último día de campaña de las elecciones catalanas, mientras que el portavoz de IU no se personó-- no mejoraban el proyecto de ley, por lo que su grupo no quiso que se interrumpiera la comisión para negociar.
Con anterioridad se había discutido la propuesta de veto del PSOE. Lavilla afirmó que el proyecto de Ley de Firma Electrónica "llega tarde al Parlamento, no sienta las bases de la Admnistración Electrónica, debería ser posterior a la regulación del DNI electrónico y atenta contra la libre competencia", además de modificar sustancialmente la denominada 'Ley de Internet', en lo que calificó actualmente de 'caos legislativo', al haber entrado en vigor la semana anterior la 'Ley de Telecos'.
Coloma replicó a Lavilla diciéndole que "ninguno" de sus argumentos eran ciertos, por lo que afirmó que su propuesta no tenía "ni entidad ni peso".
"Serán otros los motivos por los que presenta el veto", añadió, insinuando, por ejemplo, su "necesidad de presentar una situación catastrofista". Semanas atrás, el PP aprovechó la tramitación en el Senado del texto para introducir una enmienda que le añade una nueva disposición adicional, por la que se modificará el régimen sancionador de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) y se introducirá una regulación de los denominados 'dialers'.
La utilización de estas pequeñas aplicaciones informáticas que se descargan en el ordenador del usuario para cortar su conexión en curso y, sin que éste se dé cuenta, establecer otra, normalmente a través de un número de tarificación adicional, tendrá ahora que ser informada y contar con el consentimiento expreso del internauta. En caso contrario, el proveedor de servicios (ISP) podría incurrir en una falta considerada grave y dar lugar a sanciones de entre 30.001 y 150.000 euros.
El PP también ha aprovechado para reordenar todo el régimen sancionador de la LSSI, para adaptarlo a los cambios introducidos en la Ley General de Telecomunicaciones y dotarlo de mayor flexibilidad, así como para añadir las sanciones correspondientes al mal uso "significativo" de los 'dialers' y el sistema para retirar el permiso para recibir 'e-mails' comerciales, que hasta ahora no estaba contemplado..
