Sony podría ser sancionada con entre 40.000 y 600.000 euros por el robo de identidad
La AEPD ha iniciado diligencias tanto contra Sony como contra Nintendo, aunque ambas se encuentran en fase muy temprana.
La Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, ha iniciado diligencias para determinar si tanto Nintendo como Sony ha vulnerado la Ley de Protección de Datos. La Agencia ha partido de las últimas noticias sobre las dos compañías, que apuntan a que han sufrido el robo de datos de sus clientes en España.
El caso de Sony es el más reciente y, a tenor de lo comunicado por la propia firma, el más sangrante. Desde la AEPD se ha iniciado diligencias contra la firma, tal y como apuntaban desde el organismo en la presentación de su Memoria Anual para 2010, aunque aún se encuentran en fase temprana. La AEPD aún tiene que confirmar que esto haya sucedido, que haya afectado a ciudadanos españoles y que haya existido un fallo en la seguridad de las redes.
De esto haber sucedido así, las hipotéticas sanciones podrían ser muy elevadas.
“Esto es una información teórica a una duda que usted me ha planteado”, deja claro el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, Artemi Rallo ante las preguntas sobre qué sanción podría tener que afrontar Sony por el fallo de seguridad que ha dejado al descubierto los datos personales de un importante número de usuarios de dos de sus redes para clientes.
Por el momento, todo es teoría y cualquier cifra es una “hipótesis” sobre lo que podría ser. Según apunta Rallo, recordando en todo momento que son cábalas y no hechos confirmados, si el robo de datos de los usuarios de Sony ha sido tal y como han apuntado los medios se unirían por una parte un fallo por no contar con medidas de seguridad adecuadas y por otro el de vulneración de secreto.
Ambas infracciones son consideradas por la Ley de Protección de Datos como graves y cada una podría llevar aparejada una multa de entre 40.000, la cifra mínima, y 300.000 euros. Multiplicadas por dos, el número de potenciales sanciones, la horquilla se queda en un mínimo de 40.000 y un máximo de 600.000 euros, todo, claro está, basándose en la teoría.
Por el momento, ningún usuario español ha protestado ante la Agencia Española de Protección de Datos, aunque sí una asociación de consumidores lo ha hecho.
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