Empresas de intercambio de archivos planean un esfuerzo conjunto en Europa
Varias firmas propulsoras de software para intercambio de archivos online han formado un grupo-lobby en Europa con el fin de defender sus intereses contra las empresas de contenidos, según reveló ayer un miembro de la coalición.
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Este movimiento es la última muestra que indica que el intercambio de archivos funciona a pleno rendimiento. Estas empresas, que generalmente operan lejos del ojo público con el fin de evitar problemas legales, desean defender su derecho a distribuir el software que permita a los usuarios compartir archivos online. Por otra parte, las compañías de contenidos y de software aseguran que esta tecnología constituye una amenaza para sus negocios, debido a que permite a los internautas intercambiar libremente material con copyright como videojuegos, música, películas y software con toda la comunidad internauta.
La pasada semana, compañías de intercambio como Grokster y LimeWire revelaron que, junto con otras empresas, iniciarían la creación de una entidad con el fin de convencer al Congreso norteamericano de su legitimidad. Según Pablo Soto, un madrileño creador del sistema Blubster, la iniciativa no se limitará a los Estados Unidos, ya que en Europa se prepara una unión similar. “Estamos aunando esfuerzos con el fin de que el Congreso norteamericano y la UE nos escuchen a nosotros y a los cientos de millones de personas que utilizan nuestros servicios” declaró Soto.
Los detalles de esta coalición se revelarán el próximo mes de julio, aunque no se sabe exactamente qué compañías la integrarán. El grupo pretende hacer frente a los recientes ataques de la industria discográfica contra el software peer-to-peer y sus millones de usuarios, quien alega que el fenómeno de la descarga de mp3 está afectando gravemente a las ventas mundiales de CDs. La pasada semana, la RIAA (Recording Industry Association of America) reveló que iniciaría cientos de medidas legales contra los usuarios con el fin de detener el flujo diario de millones de intercambios no autorizados. Soto ha argumentado que existe un uso legítimo de esta tecnología que podría ser eliminado si estos procesos siguen adelante. Ha asegurado, además, que el grupo no pretende cambiar las leyes actuales del copyright. El objetivo principal es proteger la privacidad de los usuarios individuales y mantenerlos alejados de los juzgados.
