aerial25
09-12-2003, 10:57
La Asociación de Internautas (AI) informó que había solicitado la creación de una serie de medidas de protección para los consumidores ante las prácticas fraudulentas de preasignación telefónica
Por: Agencias
Dichas prácticas, conocidas como 'slamming', consisten en el cambio de la compañía de teléfono sin la autorización previa del cliente.
La Asociación aseguró que en el año 2003 recibió más de 400 denuncias de usuarios que habían sido preasignados a compañías a través de diversos métodos, como "visitas de comerciales haciéndose pasar por empleados de Telefónica", envío de "contratos no solicitados", acceso a información personal o "falsificación de firmas".
"Estas actuaciones fraudulentas (...) tienen su origen en la falta de normas que protejan a los usuarios ante estas prácticas", explicó la asociación que preside Víctor Domingo.
Según la AI, no existen sanciones para el operador que comete el fraude ni indemnizaciones para el usuario, "al que se obliga a acudir a los tribunales de justicia". La AI señaló que la responsabilidad en estos hechos recae en el Ministerio de Sanidad y Consumo, "ya que a él le corresponde tutelar los derechos de los consumidores".
El único medio de protección en la actualidad es, en opinión de la AI, la Agencia de Protección de Datos ya que protege los derechos de los consumidores de telefonía al sancionar a los operadores que han accedido a datos de forma engañosa. .
Por: Agencias
Dichas prácticas, conocidas como 'slamming', consisten en el cambio de la compañía de teléfono sin la autorización previa del cliente.
La Asociación aseguró que en el año 2003 recibió más de 400 denuncias de usuarios que habían sido preasignados a compañías a través de diversos métodos, como "visitas de comerciales haciéndose pasar por empleados de Telefónica", envío de "contratos no solicitados", acceso a información personal o "falsificación de firmas".
"Estas actuaciones fraudulentas (...) tienen su origen en la falta de normas que protejan a los usuarios ante estas prácticas", explicó la asociación que preside Víctor Domingo.
Según la AI, no existen sanciones para el operador que comete el fraude ni indemnizaciones para el usuario, "al que se obliga a acudir a los tribunales de justicia". La AI señaló que la responsabilidad en estos hechos recae en el Ministerio de Sanidad y Consumo, "ya que a él le corresponde tutelar los derechos de los consumidores".
El único medio de protección en la actualidad es, en opinión de la AI, la Agencia de Protección de Datos ya que protege los derechos de los consumidores de telefonía al sancionar a los operadores que han accedido a datos de forma engañosa. .