La Audiencia Nacional anula la normativa que regula el canon digital

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La Audiencia Nacional ha declarado nula la normativa que regula el canon digital desde 2008. Esta orden ministerial ahora suspendida establecía los soportes digitales sujetos al pago de la tasa por copia privada y la cuantía que debía pagarse por cada uno de ellos.

La Sala de los Contencioso-Administrativo entiende que la orden que lo regula es un reglamento y por tanto su aprobación requería determinados trámites relativos a memorias justificativa y económica y un dictamen del Consejo de Estado que no se hicieron. Por tanto, está afectada de vicio radical.

Se ha rechazado, además, la pretensión de que se devuelva lo recaudado por el canon por falta de competencia.

Según explica Servimedia, los magistrados han tomado esta decisión al estimar el recurso presentado, entre otros, por la Asociación de Internautas contra la orden conjunta de los ministerios de Cultura e Industria que implantó el canon digital. Este recurso se presentó tras la petición del Tribunal de Justicia de la UE de cambiar esta tasa.

La AI aseguraba en su recurso que el canon digital "establece un abuso injustificado sobre los consumidores y un privilegio financiero discriminatorio a favor del sector privado".

La sentencia en PDF (http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/03/24/canon.pdf)

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La Audiencia Nacional ha anulado la orden ministerial que regulaba la imposición del canon, de forma que volvería a tener vigencia la regulación de 2006 que no contempla el pago en algunos soportes como teléfonos móviles, memorias USB, los discos duros o los reproductores de MP3 y MP4.

El primer punto a tener en cuenta es que la resolución de la Audiencia Nacional no elimina el pago del canon digital ni se pronuncia sobre su conveniencia, sino que rechaza la orden ministerial del año 2008 por “vicio radical” en su forma, en la que se especificaban las tarifas y los soportes en los que se debía imponer el pago de la tasa.

Con la anulación de esta orden, la imposición viaja en la máquina del tiempo hasta la orden anterior, fechada en el 2006, que no contemplaba el gravamen a ciertos dispositivos que después se introdujeron para adaptar el canon a la evolución de la tecnología y que en cualquier caso fijaba cantidades menores a pagar.

Por el momento el Gobierno no ha detallado sus planes pero es de esperar que se redacte una nueva norma.

Las entidades de gestión ya han respondido asegurando que están pensando en recurrir al Tribunal Supremo, aunque piden al Gobierno que se pronuncie con rapidez sobre este asunto para aclarar la situación.

La decisión de la justicia fue bien recibida por los usuarios en un primer momento porque supone un evidente varapalo para el canon digital, pero la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) cree que al final se seguirá pagando el gravamen.

No podía faltar por pronunciarse sobre este asunto la ministra de cultura, Ángeles González-Sinde, que ha señalado que la decisión de la Audiencia “no altera los planes del Gobierno porque no anula el derecho a la compensación por copia privada”.

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