LUK
17-06-2004, 11:42
El próximo 1 de octubre entra en vigor la ley orgánica 15/2003 que reforma extensamente el vigente Código Penal. Y lo hace mal. Rematadamente mal... Tan mal que a partir de otoño vamos a necesitar utilizar licencias 'copyleft' como el comer. Pero no solo es esto, tambien afecta a las descargas P2P, copias de DVDs, desbloqueo de moviles, redes WiFi...
Desde el 1 de octubre de 2004 en España será delito (penado con seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses) bajarse una canción de un programa P2P sin permiso (já) del propietario de los derechos (Artículo 270, apartado 2). También será ilegal (y penado con igual castigo) disponer en el ordenador de un programa capaz de saltarse los cerrojos tecnológicos para hacer una copia privada o de seguridad de nuestros propios programas o de un DVD de nuestra propiedad (Artículo 270, apartado 3). Los delitos contra la propiedad intelectual pasarán a ser perseguibles de oficio por jueces y fiscales (no como hasta ahora, que necesitaban la denuncia del damnificado). Por otra parte cualquier actividad (como informar, vender equipos o proporcionar el servicio) relacionada con desbloquear un móvil, saltarse una contraseña de acceso a un servicio de pago o compartir el propio acceso a Internet vía WiFi estarán penadas con seis meses a dos años y multa de seis a 24 meses (Artículo 286).
O así se pueden interpretar los nuevos textos.
¿Es a ésto a lo que queremos dedicar a nuestros policías, jueces y fiscales, en lugar de a perseguir delitos con víctimas? ¿Es así como queremos fomentar el uso de las redes, transformando en sospechoso a cualquier usuario de ordenador? ¿Es misión del estado apuntalar con durísimas legislaciones el tambaleante modelo de negocio de grandes empresas conocidas por su escasa conciencia social, como las telefónicas o la industria fonográfica? ¿No estaremos con nuestras leyes perjudicando a los muchos, la sociedad española, en beneficio de unos pocos?
¿Se puede ser más ingenuo?
Sí: se puede luchar. Ya poco podemos hacer en el frente legislativo: los lobbies industriales han realizado su labor y la voz de los damnificados ya no será escuchada. No al menos hasta que haya miles de acusados, que será el momento de las campañas de protesta civil, por ejemplo de autoinculpación masiva (señor juez, soy un 'ciberchorizo' y vengo a entregarme: métame en la cárcel, a mí y a éste millón de amigos que vienen conmigo). Pero además de la guerrilla jurídica hay algo que podemos hacer. De este embrollo legal puede acabar naciendo algo bueno.
Por nuestra propia protección, es el momento del 'copyleft'. Cualquier documento de cualquier tipo que vaya por Internet sin una licencia de uso es potencialmente peligroso a partir de octubre. Asegurémonos de que cuantos más mejor de los que circulan en nuestra Red llevan pegada su etiqueta de seguridad: una licencia que haga explícito el permiso del autor para hacer copias. Con o sin condiciones; con o sin cortapisas, da igual: las licencias Creative Commons (actualmente en adaptación a la legislación en España y traducción al castellano y catalán) cubren casi todas las eventualidades. Hasta ahora utilizarlas era un imperativo moral, una toma de postura ante el flujo del conocimiento humano, una forma de ver la sabiduría.
Gracias a esta ley el 'copyleft' es una necesidad legal. El nuevo Código Penal nos va a forzar a empapelar la Internet en castellano (y català, y galego, y euskera) de licencias 'copyleft', por nuestra propia seguridad.
Y en cuanto a los señores políticos que han perpetrado esta reforma, escuchando tan sólo a una de las partes (la industria) y olvidándose de la otra (sus votantes), más les vale solicitar a los cielos que estas leyes no se apliquen con demasiado celo. Porque meter en la cárcel a millones de personas por delitos sin víctimas, sobre todo cuando son adolescentes (e hijos de sus padres y madres), suele tener un coste en las urnas. Y si aplican con vigor estas leyes tal y como están, los españoles nos encargaremos de asegurarnos de que paguen ese precio. Con intereses compuestos.
Fuente: ElMundo
Desde el 1 de octubre de 2004 en España será delito (penado con seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses) bajarse una canción de un programa P2P sin permiso (já) del propietario de los derechos (Artículo 270, apartado 2). También será ilegal (y penado con igual castigo) disponer en el ordenador de un programa capaz de saltarse los cerrojos tecnológicos para hacer una copia privada o de seguridad de nuestros propios programas o de un DVD de nuestra propiedad (Artículo 270, apartado 3). Los delitos contra la propiedad intelectual pasarán a ser perseguibles de oficio por jueces y fiscales (no como hasta ahora, que necesitaban la denuncia del damnificado). Por otra parte cualquier actividad (como informar, vender equipos o proporcionar el servicio) relacionada con desbloquear un móvil, saltarse una contraseña de acceso a un servicio de pago o compartir el propio acceso a Internet vía WiFi estarán penadas con seis meses a dos años y multa de seis a 24 meses (Artículo 286).
O así se pueden interpretar los nuevos textos.
¿Es a ésto a lo que queremos dedicar a nuestros policías, jueces y fiscales, en lugar de a perseguir delitos con víctimas? ¿Es así como queremos fomentar el uso de las redes, transformando en sospechoso a cualquier usuario de ordenador? ¿Es misión del estado apuntalar con durísimas legislaciones el tambaleante modelo de negocio de grandes empresas conocidas por su escasa conciencia social, como las telefónicas o la industria fonográfica? ¿No estaremos con nuestras leyes perjudicando a los muchos, la sociedad española, en beneficio de unos pocos?
¿Se puede ser más ingenuo?
Sí: se puede luchar. Ya poco podemos hacer en el frente legislativo: los lobbies industriales han realizado su labor y la voz de los damnificados ya no será escuchada. No al menos hasta que haya miles de acusados, que será el momento de las campañas de protesta civil, por ejemplo de autoinculpación masiva (señor juez, soy un 'ciberchorizo' y vengo a entregarme: métame en la cárcel, a mí y a éste millón de amigos que vienen conmigo). Pero además de la guerrilla jurídica hay algo que podemos hacer. De este embrollo legal puede acabar naciendo algo bueno.
Por nuestra propia protección, es el momento del 'copyleft'. Cualquier documento de cualquier tipo que vaya por Internet sin una licencia de uso es potencialmente peligroso a partir de octubre. Asegurémonos de que cuantos más mejor de los que circulan en nuestra Red llevan pegada su etiqueta de seguridad: una licencia que haga explícito el permiso del autor para hacer copias. Con o sin condiciones; con o sin cortapisas, da igual: las licencias Creative Commons (actualmente en adaptación a la legislación en España y traducción al castellano y catalán) cubren casi todas las eventualidades. Hasta ahora utilizarlas era un imperativo moral, una toma de postura ante el flujo del conocimiento humano, una forma de ver la sabiduría.
Gracias a esta ley el 'copyleft' es una necesidad legal. El nuevo Código Penal nos va a forzar a empapelar la Internet en castellano (y català, y galego, y euskera) de licencias 'copyleft', por nuestra propia seguridad.
Y en cuanto a los señores políticos que han perpetrado esta reforma, escuchando tan sólo a una de las partes (la industria) y olvidándose de la otra (sus votantes), más les vale solicitar a los cielos que estas leyes no se apliquen con demasiado celo. Porque meter en la cárcel a millones de personas por delitos sin víctimas, sobre todo cuando son adolescentes (e hijos de sus padres y madres), suele tener un coste en las urnas. Y si aplican con vigor estas leyes tal y como están, los españoles nos encargaremos de asegurarnos de que paguen ese precio. Con intereses compuestos.
Fuente: ElMundo