LUK
05-05-2004, 10:35
The Register muestra su preocupación por una serie de leyes en EEUU que, originalmente diseñadas como protección contra el 'cracking', pueden ser interpretadas de tal forma que usar o instalar un punto de acceso WiFi se transforme en delito. Teniendo en cuenta las consecuencias que puede acabar teniendo la extensión del WiFi, no sería extraño que acabase tan perseguido como el tráfico de drogas... En cualquier caso el hecho subraya la Ley de las Consecuencias Inesperadas; y el peligro que una legislación obsoleta puede suponer para el desarrollo tecnológico. Y económico.
Imagine que instalar una base WiFi en su ordenador con el fin de poder navegar sin cables desde su jardín fuese delito. O que acceder a la red WiFi de un café estuviese prohibido. O que determinados servicios inalámbricos (¿Telefonía IP?) pudiesen dar con sus huesos de usted en la cárcel. Aparte de algún intento de introducir legislación específica, que lo ha habido, el principal obstáculo en el desarrollo de esta tecnología son las leyes obsoletas. Leyes mal diseñadas hace años para resolver problemas que ya no existen, y que hoy se erigen en muros ante el avance de la tecnología.
Un ejemplo son las leyes de liberalización del mercado de las telecos en España, que se diseñaron para favorecer la emergencia de redes de acceso alternativas pero hoy bloquean su desarrollo. Otros ejemplos son los citados por The Register, que habla de legislación antiintrusos informáticos que podría ser interpretada (¿retorcida?) para incluir el acceso inalámbrico a una Red.
Y no se equivoque nadie: esas leyes se utilizarán. Los intereses económicos de las empresas de telecomunicaciones están aún muy lejos de correr peligro, pero en cuanto tecnologías como el WiFi empiecen a morder de verdad las cuentas de resultados (en los móviles, por ejemplo) las compañías buscará defensas legales. Al hacerlo se despeñarán por el mismo precipicio que está acabando con las fonográficas. Pero sus mecanismos de funcionamiento les impedirán respuestas más inteligentes.
Ahora bien: la sociedad en su conjunto podría beneficiarse de un programa legislativo abierto que contemple fehacientemente este tipo de nuevas tecnologías e impida su criminalización. Todos dispondríamos de más alternativas de conexión; las empresas tendrían menores costes de comunicación; las telecos recibirían un saludable impulso competitivo, y todos nos ahorraríamos los costes de la persecución policial de una actividad que debiera ser fomentada. Por no citar la ventaja competitiva para el país que supondría disponer de una legislación comprensiva con el futuro. Por una vez.
Fuente: 24horaslibre
Imagine que instalar una base WiFi en su ordenador con el fin de poder navegar sin cables desde su jardín fuese delito. O que acceder a la red WiFi de un café estuviese prohibido. O que determinados servicios inalámbricos (¿Telefonía IP?) pudiesen dar con sus huesos de usted en la cárcel. Aparte de algún intento de introducir legislación específica, que lo ha habido, el principal obstáculo en el desarrollo de esta tecnología son las leyes obsoletas. Leyes mal diseñadas hace años para resolver problemas que ya no existen, y que hoy se erigen en muros ante el avance de la tecnología.
Un ejemplo son las leyes de liberalización del mercado de las telecos en España, que se diseñaron para favorecer la emergencia de redes de acceso alternativas pero hoy bloquean su desarrollo. Otros ejemplos son los citados por The Register, que habla de legislación antiintrusos informáticos que podría ser interpretada (¿retorcida?) para incluir el acceso inalámbrico a una Red.
Y no se equivoque nadie: esas leyes se utilizarán. Los intereses económicos de las empresas de telecomunicaciones están aún muy lejos de correr peligro, pero en cuanto tecnologías como el WiFi empiecen a morder de verdad las cuentas de resultados (en los móviles, por ejemplo) las compañías buscará defensas legales. Al hacerlo se despeñarán por el mismo precipicio que está acabando con las fonográficas. Pero sus mecanismos de funcionamiento les impedirán respuestas más inteligentes.
Ahora bien: la sociedad en su conjunto podría beneficiarse de un programa legislativo abierto que contemple fehacientemente este tipo de nuevas tecnologías e impida su criminalización. Todos dispondríamos de más alternativas de conexión; las empresas tendrían menores costes de comunicación; las telecos recibirían un saludable impulso competitivo, y todos nos ahorraríamos los costes de la persecución policial de una actividad que debiera ser fomentada. Por no citar la ventaja competitiva para el país que supondría disponer de una legislación comprensiva con el futuro. Por una vez.
Fuente: 24horaslibre